Es de conocimiento general la crisis humanitaria y migratoria por la que están atravesando los ciudadanos venezolanos. Según el informe “Tendencias migratorias en las Américas” sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicada por la Organización Internacional para las Migraciones en septiembre del 2018, solo en Chile entre 2016 y 2017, 108.206 venezolanos ingresaron al país como turistas para luego solicitar una visa de residencia y 64.932 venezolanos han aplicado a la Visa de Responsabilidad Democrática hasta el 30 de agosto de 2018, siendo 9.626 visas aprobadas. Estas son cifras estimativas, pues es difícil estimar una cantidad real tomando en cuenta la migración irregular.
En tal contexto se reunieron en la ciudad de Quito el 3 y 4 de septiembre de 2018, representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Con el objeto de intercambiar información, experiencia, apreciaciones y buenas prácticas sobre cómo enfrentar el recibimiento de venezolanos en sus territorios, se dictó la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región.
Antes de presentar sus principales puntos, es importante aclarar que la Organización de las Naciones Unidas señala que el término Declaración “se utiliza para designar distintos instrumentos internacionales. No obstante, las declaraciones no son siempre jurídicamente vinculantes. Este término se usa a menudo deliberadamente para indicar que las partes no desean establecer obligaciones vinculantes sino simplemente dan a conocer determinadas aspiraciones”.
Por medio de la Declaración, los países participantes acordaron principalmente:
1) Destacar los esfuerzos emprendidos por los Gobiernos para acoger adecuadamente a los venezolanos en situación de movilidad, en especial a aquellos grupos considerados más vulnerables, como niños y adultos mayores.
2) Continuar trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los migrantes, acceso a mecanismos de permanencia regular, acceso a los procesos de determinación de la calidad de refugiado, lucha en contra de la trata y tráfico de personas con ayuda de Organismos Internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otras. Se establecería un programa regional con la OIM para el oportuno intercambio de información de información pertinente a los migrantes venezolanos.3) Incremento de la cooperación técnica y financiera entre los Estados y los Organismos Internacionales especializados para atender los flujos migratorios extraordinarios.
4) Exhortar al Gobierno venezolano para que priorice la entrega oportuna de los documentos de identidad de sus nacionales, como las cédulas de identidad, pasaportes y otros certificados.
5) Acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad para fines migratorios.
6) Ratificar el compromiso de los Estados de la región de conformidad con la disponibilidad de recursos públicos, en cuanto al acceso a los servicios de salud y salud pública, sistema de justicia y a las oportunidades en el mercado laboral.
7) Apoyo y cooperación internacional para Colombia, por ser país limítrofe de Venezuela, asimismo para Perú y Ecuador por formarse un corredor migratorio hacia ellos.
8) Exhortan al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales, con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades establecidas en Venezuela, en cuanto a la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos.
La Declaración deja abierta la posibilidad de una nueva Reunión sobre Movilidad Humana en un futuro. En cuanto a los efectos de la Declaración en Chile, puede tomar algún tiempo antes de ser implementada. No hay un plazo determinado, aunque se espera que sea prontamente dada la crítica situación que enfrentan muchos venezolanos al intentar regularizar su situación migratoria con sus documentos vencidos y las largas esperas para poder renovarlos.
Artículo escrito por Julian Dittus, abogado de Vivir en Chile.
